Organizaciones denuncian montaje en “Caso Bombas” y sigue huelga de hambre de acusados
Ricardo Salazar
Organizaciones sociales solidarizan con los procesados en el denominado Casos Bombas y su huelga de hambre. Dirigentes de diversos ámbitos denuncian un montaje de parte del Estado y exigen la libertad de los detenidos, convocando a movilizaciones.
Desde el 21 de febrero, cuando se cumplió el plazo de investigación por parte del Ministerio Público acerca de la detonación de explosivos en diferentes puntos del país, los nueve detenidos se encuentran en huelga de hambre.
Mónica Caballero, Andrea Urzúa, Pablo Morales, Rodolfo Retamales, Vinicio Aguilera, Felipe Guerra, Carlos Rivero, Camilo Pérez, Francisco Solar y Omar Hermosilla exigen su libertad, la no aplicación de la Ley Antiterrorista y que el Ministerio Público presente las pruebas para demostrar las imputaciones sobre asociación ilícita terrorista.
El abogado Julio Cortés, quien representa a los detenidos Felipe Guerra y Carlos Rivero, señala que no existen pruebas para sostener los cargos, él argumenta que son contradictorios con la naturaleza de las organizaciones de los detenidos.
“Es muy difícil para el Ministerio Público probar estos elementos porque la asociación ilícita no es cualquier organización porque debe ser estable, permanente, jerarquizada, con división de funciones y si es difícil probarla en general, en relación a anarquistas, anticapitalistas y antiautoritarios es difícil incluso concebir que se puedan organizar de esa manera” declaró el legista.
Diferentes organizaciones han solidarizado con los detenidos. Mónica Pizarro, comunicadora de Radio Primero de Mayo de La Victoria, acusa que esto es sencillamente un montaje, donde las pruebas que presenta el Fiscal Alejandro Peña, son muy cuestionables.
Ante ello, argumenta que “escuchas telefónicas en donde Rodolfo Retamales habla con la mamá de su hijo y le pregunta si el gato comió y si su hijo está acostado, entonces el Fiscal fundamenta que ese es un diálogo que está lleno de palabras claves y de otros tipos de comunicación. A otros grupos denominados por el Estado como peligrosos pueden utilizar esta misma estrategia”
Mientras tanto, Moisés Olmos, del Centro Cultural Aurora de Viña Del Mar, respalda a los presos, insistiendo en la misma teoría. “Estamos tratando de solidarizar. Esperamos que este 16 sean puestos en libertad. No existen los verdaderos hechos que se les imputa, por eso estamos exigiendo la libertad. Estamos de pie y vamos a seguir de pie” declaró.
Este sábado, en Valparaíso, hubo una actividad solidaria que fue cerrada por Carabineros, argumentando una falta a normas municipales.
Ximena Muñoz, vocera de los presos, advierte que los presos “han bajado en promedio entre seis a siete kilos. Hay algunos que han bajado nueve. La máxima exigencia es la libertad inmediata, que no se le aplique la Ley Antiterrorista, que se termine la investigación y que se inicie el juicio” declaró.
Este miércoles habrá una reformalización en el caso, el Ministerio Público deberá presentar más pruebas, el abogado Cortés considera que el jefe de la Fiscalía Sur, Alejandro Peña, se enfocaría a colocación de artefactos explosivos, pero niega que él tenga antecedentes y pruebas irrefutables.
La prensa tradicional y los organismos del Estado denominan este hecho como “Caso Bombas”, pero para dirigentes sociales, esto es un caso de atentado a los derechos de las personas.
Extraido de radio universidad de $hile
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