Ricardo Salazar
Un fuerte revuelo político generó la información de que el Fiscal Jefe Sur, Alejandro Peña, dejaría su cargo para incorporarse como asesor técnico del ministerio del Interior: el ministro Rodrigo Hinzpeter y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, deberán concurrir a la comisión de Constitución de la Cámara. Mientras familiares de los imputados por el "Caso Bombas" acusaron que el Gobierno "está devolviendo el favor de procesar gente inocente en este montaje con un puesto en el ministerio", el diputado Tucapel Jiménez consideró que "la justicia pierde objetividad", ya que "el ministro Hinzpeter ha realizado declaraciones, en una participación activa en este proceso, y ahora el fiscal pasa a operar en el ministerio".
En principio sería para un función asesora, pero el tema no es menor para parlamentarios de la comisión de Constitución, que consideran parte de la poca regulación respecto de los cambios de funciones de los servidores públicos.Esta idea fue planteada por el diputado DC Jorge Burgos, integrante de la comisión, quien indicó que “en Chile se da una situación sobre una mala legislación en torno a puerta giratoria, espero que sea un interés en colaborar en el ministerio del Interior, el fiscal Peña tiene una opción política de apoyo a este gobierno y espero que su trabajo no haya tenido una influencia de ello. Si yo hubiera estado en su caso, esperaría un tiempo más respecto a este cambio”.
En tanto, Mauricio Villarroel, esposo de Andrea Urzúa, mujer imputada en el denominado “Caso Bombas”, denuncia que este hecho demuestra que Alejandro Peña no llevó adelante una investigación independiente en el caso, porque se hizo explícita su cercanía con el Ministerio del Interior.
“Los favores políticos se pagan. Efectivamente el ministerio del Interior y este gobierno a través del señor Hinzpeter están devolviendo el favor de procesar gente inocente en este montaje con un puesto en el ministerio” indicó Villarroel.
Familiares de los imputados en el “Caso Bombas”, se presentaron ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para exponer sobre las condiciones que se han dado de las investigaciones y la prisión a la que están sometidos los inculpados, por un período de más de 8 meses.
Ellos mantienen una huelga de hambre, desde el 21 de febrero, plazo en que se cumplió el período de investigación por parte del Ministerio Público.
José Venturelli, vocero del secretariado europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura, criticó que no exista ninguna sensibilidad con el caso, quien indicó que “ya llevan 45 días y Chile no ha respetado las huelgas anteriores y el derecho de los individuos que cuando se ven acosados en forma de tortura, los amenazan de que serán asaltados y que serán alimentados por la fuerza”.
La instancia señaló formalmente su solidaridad en el caso con los familiares, además de citar al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para que dieran cuenta de la situación del caso y sus aristas, como lo dijo el parlamentario PPD Tucapel Jiménez.
“El ministerio del Interior ha tenido un involucramiento más allá de lo debido, el ministro Hinzpeter ha realizado declaraciones en una participación activa en este proceso y ahora el fiscal pasa a operar en el ministerio. Cualquier persona pudiera pensar que la justicia chilena pierde objetividad, una pésima señal de la justicia y del país entero” indicó el parlamentario.
Además la comisión acordó que se va a dirigir a la Cárcel de Alta Seguridad y al Centro de Reclusión Femenina, para conocer de las condiciones carcelarias de los imputados por el “Caso Bombas”.
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